Cuando faltaba un día para que entrara en vigencia la ley de Arizona que criminaliza la inmigración ilegal, la jueza citada bloqueó las partes más polémicas de la ley, otorgándole una importante victoria legal a los opositores de la medida.
La ley entra en vigencia sin muchas de las disposiciones que enfurecieron a los opositores, incluyendo secciones que requieren a los agentes que hagan cumplir otras leyes que comprueben si los sospechosos residen legalmente en el país.
La juez también puso en suspenso una parte de la ley que obligados a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y que hacia ilegal que los trabajadores indocumentados solicitaran trabajo en lugares públicos.
El fallo se produjo justo cuando la Policía estaba haciendo preparativos de último minuto para comenzar a aplicar la ley y mientras activistas estaban planeando grandes manifestaciones contra la medida.
La Policía de todo el estado, fronterizo con México, dio el martes los últimos toques al entrenamiento de los agentes, incluyendo la forma de evitar la etiquetación racial y la posibilidad de un gran incremento de las detenciones. La etiquetación racial ("racial profiling" en inglés) se refiere al uso incorrecto de la raza de un individuo o grupo étnico por la Policía como un factor para decidir si aplica la ley, como en el caso de pedirle a una persona que e detenga por una infracción de tránsito.
Esta situación muestra el conflicto de intereses y valores que se suele dar cuando un país intenta aplicar una política restrictiva en materia de inmigración.
Por un lado, es legítimo que una nación decida poner límites a la entrada de extranjeros a su territorio, sobre todo en tiempos críticos o inestables para su economía. Por el otro, la aplicación extrema de dichas medidas a menudo importa una violación a derechos humanos básicos, como la igualdad ante la ley y el respeto y la tolerancia a que son dignos todos los seres humanos.
Salvando las distancias, la Argentina vive una situación comparable. Todos los días entran al país miles de inmigrantes de países hermanos, huyendo de la pobreza y soñando un futuro de promisión en nuestro país, que normalmente no está en condiciones de garantizar.
Muchos se ven obligados a cometer una cadena de delitos: entran ilegalmente al país, toman casas, venden mercadería trucha ocupando irregularmente el espacio público.
Varios de ellos llenan los turnos de los hospitales públicos y las vacantes de los establecimientos educativos estatales, sostenidos con recursos de los argentinos.
Pero es necesario recordar que los inmigrantes provienen de naciones hermanas, con las que nos une un mismo pasado y un mismo destino. El camino no es el enfrentamiento entre hermanos, sino la cooperación y la solidaridad.
La Argentina debe hacer prevalecer la ley antes que nada, y sentarse a negociar con las autoridades de los países latinoamericanos, la solución de los problemas puntuales que ocasiona la inmigración ilegal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario